En domingo pasado se consumó una nueva
farsa electoral en Venezuela, que constituyó la respuesta de su gobierno a los
reiterados llamados de la comunidad internacional, y en especial de los países
de la región, a buscar mecanismos de acuerdo y consenso para superar la
profunda crisis que se vive en aquel país hermano.
El Presidente de Venezuela, no contento
con provocar la mayor migración de la historia americana en las últimas
décadas, forzando al exilio a millones de personas; provocar una verdadera
crisis humanitaria en las fronteras con Colombia y Brasil; no contener la
epidemia de violencia que mata a más de 26.000 personas por año; generar una
severa escasez de alimentos y medicamentos; forzar a una amplia franja de la
población a alimentarse de la basura; aumentar drásticamente la pobreza y la
indigencia; contraer el Producto Bruto Interno venezolano en un 16% en 2016,
14% en 2017 y 15% estimado para 2018; encarcelar ilegalmente a más de 100
dirigentes políticos sin causa o motivo alguno más allá de su condición de
opositor; ahogar la libertad de prensa, de conciencia, de cátedra, entre otras;
y lograr el peor colapso de un país en los últimos 50 años; se jactó de obtener
un histórico triunfo en una elección marcada por la ilegalidad y el
abstencionismo de una amplia mayoría de la ciudadanía.
Con una abstención del 54%, según cifras
oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero estimadas por observadores
internacionales en casi el 80% y graves denuncias de presiones, irregularidades
y fraude denunciadas por la oposición en más de un 60% de los centros de
votación, la jornada del domingo prorroga el sistema ilegítimo y
antidemocrático que el régimen venezolano instauró previamente a la elección de
la autodenominada Asamblea Constituyente, la que significó el quiebre
definitivo de las instituciones democráticas de dicho país.
La evidente necesidad del régimen por
perpetuarse en el poder sin considerar los daños a la población, lo lleva a
violar sistemáticamente las libertades y los derechos básicos de los
venezolanos. La falta de conciencia y de humanismo del gobierno venezolano, nos
reclama una respuesta más enérgica para condenar las avanzadas de la última
dictadura sudamericana y una mayor coordinación de esfuerzos para proteger a
los millones de migrantes y los damnificados dentro de la propia Venezuela.
América del Sur tiene una extensa
historia de solidaridad entre sus pueblos. Argentina fue testigo de la bondad
del pueblo venezolano que hospedó a cientos de exiliados argentinos durante la
última dictadura militar. Hoy, los gobiernos y los pueblos de la región deben
retribuir este gesto y colaborar con aquellos que sufren la diáspora
venezolana.
Es por esto que condenamos un nuevo
avance en contra de la libertad del pueblo de Venezuela y apoyamos el retiro de
los embajadores en Caracas dispuesto por los gobiernos del Grupo de Lima.
Desde el Parlamento del Mercosur, los
Parlamentarios Argentinos abajo firmantes, haciendo honor a nuestra historia de
lucha a favor de la democracia y los derechos humanos, y con el convencimiento
que sólo con una región unida y democrática podremos asegurar el desarrollo de
nuestros pueblos; impulsaremos en el recinto la condena regional a las
fraudulentas elecciones del día domingo 20 de mayo y solicitaremos a los
gobiernos de la región que asuman un compromiso firme para alivianar la crisis
humanitaria que aqueja a los venezolanos en las fronteras de su país y la
restitución de las instituciones democráticas.
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